LOS PROCESOS PENALES FISCALES DE HOY EN DÍA
LOS PROCESOS PENALES FISCALES DE HOY EN DÍA
De la Oficina de Prensa de Investigaciones Criminales del IRS
Fecha: 11 de agosto de 2022
Padre condenado por fraude y soborno en un caso de admisión a la universidad.
BOSTON - Un hombre de Pensilvania fue condenado hoy en un tribunal federal de Boston en relación con el uso de fraude y soborno para facilitar la aceptación de su hijo en la Universidad de Georgetown.
Robert Repella, de Ambler, Pensilvania, fue condenado por la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Allison D. Burroughs, a un año de libertad condicional, con los primeros 25 días en arresto domiciliario, 220 horas de servicio comunitario y una multa de 220.000 dólares. En mayo de 2020, Repella se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude postal y fraude postal de servicios honestos.
Repella accedió a pagar directamente a Gordon Ernst, el entrenador jefe de tenis de Georgetown en ese momento, más de 120.000 dólares, a cambio de pretender reclutar a su hija para el equipo de tenis de Georgetown. Repella no participó en la conspiración de admisión a la universidad dirigida por William "Rick" Singer, en la que también estaba implicado Ernst.
Repella se reunió por primera vez con Ernst en agosto de 2017 y acordó pagarle para que utilizara uno de sus seis cupos anuales de reclutamiento para la hija de Repella, a pesar de que sus habilidades no estaban al nivel de un recluta típico de Georgetown. Durante una visita concertada al campus de Georgetown para la hija de Repella, ésta entregó a Ernst un cheque por valor de 25.000 dólares. Repella hizo un segundo pago de 25.000 dólares a Ernst algo más de dos semanas después. Después de que Ernst designara a la hija de Repella como uno de sus reclutas de tenis, Repella hizo pagos adicionales a Ernst, o en su beneficio, hasta agosto de 2018, incluyendo pagos de matrícula a la escuela secundaria privada de las hijas de Ernst.
Ernst se declaró previamente culpable y fue condenado a 30 meses de prisión, dos años de libertad supervisada y a renunciar a 3.435.053 dólares.
Una empresa de Springfield paga un millón de dólares en relación con una investigación federal por malversación y soborno
Springfield, MO - Una empresa de Springfield pagará más de un millón de dólares en concepto de decomiso al gobierno federal según los términos de un acuerdo de no enjuiciamiento anunciado hoy, que reconoce la conducta delictiva de dos antiguos ejecutivos que están implicados en una investigación penal relacionada.
"Los propietarios y ejecutivos de la empresa abusaron de sus posiciones de liderazgo en una organización benéfica no relacionada para enriquecerse ilegalmente a sí mismos y a su empresa con fines de lucro", dijo la fiscal federal Teresa Moore. "Más de 1 millón de dólares de la organización benéfica de atención médica, financiada principalmente por los reembolsos de Medicaid, fue desviado a Pro1 a través de una serie de pagos ilícitos durante varios años. Pro1 ha aceptado la responsabilidad por la conducta delictiva de sus antiguos ejecutivos y ha cooperado con la investigación federal. Esos fondos malversados serán recuperados por el gobierno bajo los términos de este acuerdo de no enjuiciamiento".
"Cuando se malversan fondos federales, se perjudica al gobierno de los Estados Unidos y a sus contribuyentes", dijo el agente especial a cargo Tyler Hatcher, de la Oficina de Campo de Investigación Criminal del IRS en St. Louis. "Los ejecutivos de Pro1 abusaron de sus posiciones al hacer que los fondos federales destinados a fines benéficos se convirtieran en parte de un esquema diseñado para su propio beneficio financiero. Este acuerdo de no enjuiciamiento responsabiliza a Pro1 y devuelve los fondos al gobierno federal."
"Este acuerdo de no enjuiciamiento responsabiliza a Pro1 por sus acciones en un esquema que benefició directamente a Pro1 y a ciertos propietarios de la empresa en más de un millón de dólares en ahorro de costes y reducción de gastos", dijo el agente especial del FBI en Kansas City, Charles Dayoub. "Reitera que no se debe abusar de los fondos públicos proporcionados a las organizaciones y empresas sin ánimo de lucro y el FBI, junto con otras agencias federales, se compromete a garantizar que el dinero del público no se utilice para fines inapropiados o para beneficio personal."
"El desvío y el robo de más de un millón de dólares de fondos federales, destinados a la formación para el empleo, la atención sanitaria del comportamiento y otros servicios públicos por parte de los antiguos ejecutivos de Preferred Family Healthcare y Pro1, fue un abuso flagrante de los puestos de confianza que una vez ocuparon", dijo el agente especial a cargo Steven Grell, de la región de Dallas, del Departamento de Trabajo de EE.UU., Oficina del Inspector General. "Optaron por su propio beneficio personal y por el bien del público y de la organización sin ánimo de lucro a la que servían. Este acuerdo demuestra la voluntad de Pro1 de tomar medidas correctivas con respecto a las acciones fraudulentas de sus antiguos ejecutivos."
"Nuestra investigación descubrió un plan de varios años para desviar dinero de un centro de salud comunitario a una empresa con fines de lucro", dijo el agente especial a cargo William J. Hannah de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia en Chicago. "Hoy, estamos responsabilizando a Pro1 de este esquema y recuperando más de 1 millón de dólares en ganancias mal habidas. Este acuerdo de no enjuiciamiento reitera que los fondos del gobierno se proporcionan a estas organizaciones de caridad para beneficiar al público, y los esquemas de auto-enriquecimiento para robar de estos programas gubernamentales no serán tolerados."
Pro1 IAQ, Inc, una corporación de Missouri con operaciones en Springfield y Boulder, Colorado, diseña y vende termostatos de interior a nivel nacional. Al firmar el acuerdo de no enjuiciamiento, los representantes de Pro1 admitieron que los antiguos funcionarios ejecutivos participaron en una conspiración para malversar fondos de Preferred Family Healthcare, Inc, una corporación sin fines de lucro con sede en Springfield, desde 2008 hasta noviembre de 2017. Pro1 se benefició de los actos de presunta conducta delictiva de los ejecutivos, que también eran ejecutivos de la organización benéfica y canalizaron fondos de Preferred Family Healthcare para enriquecer financieramente a la empresa. Según los términos del acuerdo de no enjuiciamiento, Pro1 debe renunciar a 1.057.617 dólares a favor del gobierno federal, que es la cantidad que Pro1 obtuvo de la conspiración.
Entre las acciones específicas reconocidas en el acuerdo de no enjuiciamiento, se utilizaron ejecutivos y empleados de Preferred Family Healthcare para realizar tareas relacionadas con las operaciones de Pro1, a veces trabajando a tiempo completo para Pro1 mientras eran pagados por la organización benéfica. Además, la organización benéfica pagó a Pro1 el alquiler de un almacén durante aproximadamente tres años y le proporcionó espacio de oficinas en el edificio principal de la organización sin coste alguno para Pro1 durante más de un año.
Si bien Pro1 no supervisó adecuadamente las acciones de sus agentes, lo que podría considerarse ceguera intencionada, muchas de las acciones realizadas por los ejecutivos de Pro1 se llevaron a cabo sin el conocimiento específico del presidente y del consejo de administración de la empresa. Pro1, como parte de esta investigación, ha suspendido las funciones de liderazgo de esos ejecutivos y ha cooperado plenamente con la investigación penal federal.
Preferred Family Healthcare acordó a principios de este año pagar más de 8 millones de dólares en confiscación y restitución al gobierno federal y al estado de Arkansas según los términos de un acuerdo de no enjuiciamiento, que también reconoce la conducta delictiva de sus antiguos funcionarios y empleados.
Varios ex ejecutivos de Preferred Family Healthcare, ex miembros de la legislatura del estado de Arkansas y otros han sido condenados en un tribunal federal como parte de la investigación federal de múltiples jurisdicciones. Como parte de la investigación federal, el ex director de operaciones y el ex director financiero de Preferred Family Healthcare fueron acusados por un gran jurado federal el 29 de marzo de 2019. Se declararon no culpables y están a la espera del juicio, que está previsto que comience el 3 de octubre de 2022.
Condenado a cadena perpetua más 120 meses por liderar una empresa criminal continua con sede en Birmingham y conspirar para distribuir metanfetamina, heroína, fentanilo y cocaína
BIRMINGHAM - Un juez federal sentenció a un hombre de Bessemer acusado bajo el estatuto de "Kingpin" por liderar una empresa criminal continua y una conspiración de tráfico de drogas a gran escala, anunciaron el Fiscal de los Estados Unidos Prim F. Escalona, el Agente Especial a cargo de la Oficina de Campo de Atlanta del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) James E. Dorsey y el Agente Especial a cargo de la Oficina Federal de Investigación Johnnie Sharp, Jr.
La juez de distrito de los Estados Unidos Annmarie C. Axon sentenció a Rolando Antuain Williamson, alias "Cabeza Calva" y "Cabeza de Pelota", de Bessemer, Alabama, a cadena perpetua más 120 meses de prisión por liderar una empresa criminal continua multimillonaria; conspirar para distribuir o poseer con intención de distribuir heroína, fentanilo, cocaína, metanfetamina y marihuana; distribuir o poseer con intención de distribuir heroína, fentanilo, cocaína, metanfetamina y marihuana; usar, llevar o poseer un arma de fuego durante un delito de tráfico de drogas o para promoverlo; y usar un medio de comunicación para cometer un delito de tráfico de drogas.
El juez Axon también condenó a dos coacusados en la conspiración de drogas. Ishmywel Calid Gregory, también conocido como "C", de Mulga, Alabama, fue condenado a 480 meses de prisión, y Hendarius Lamar Archie, también conocido como "Hen", de Bessemer, Alabama, fue condenado a 169 meses. Gregory y Archie fueron condenados por conspirar para distribuir o poseer con intención de distribuir heroína, fentanilo, cocaína, metanfetamina y marihuana. Tanto Gregory como Archie fueron también condenados por distribuir o poseer con intención de distribuir cocaína y marihuana. Archie también fue condenado por usar, portar o poseer un arma de fuego durante un delito de tráfico de drogas o para promoverlo.
El 18 de abril de 2022, tras un juicio de una semana, un jurado condenó a Williamson, Gregory, Archie y un cuarto coacusado por los cargos. Un total de dieciocho personas fueron acusadas en la acusación presentada el 29 de octubre de 2019. La acusación fue el resultado de una investigación de tres años de la Fuerza de Tareas de Aplicación de Drogas del Crimen Organizado ("OCDETF") sobre la empresa de tráfico de drogas con sede en el oeste del condado de Jefferson. El grupo de trabajo identificó los actos de promoción de la conspiración cometidos por los miembros de la organización durante un período de seis años. Quince de los acusados ya han sido condenados, y los tres restantes están a la espera de que se dicte sentencia a finales de este mes.
Los organismos de la OCDETF que participan en esta investigación son el FBI, el IRS, los organismos miembros de la North Alabama Safe Streets Task Force del FBI, la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson y el Departamento de Policía de Bessemer.
La Fuerza de Tarea de Calles Seguras del Norte de Alabama arrestó a Williamson la mañana del 22 de agosto de 2019, en el estacionamiento de una tienda de comestibles ubicada en Homewood, Alabama. Williamson conducía un Dodge Hellcat 2016 valorado en 80.000 dólares. En el momento de la detención, Williamson estaba armado dos pistolas cargadas, cargadores adicionales cargados, y llevaba casi $ 14,000 en efectivo. Todos los demás miembros de la conspiración fueron arrestados en o alrededor del 13 de noviembre de 2019.
En el momento de la detención de Williamson, las fuerzas del orden se incautaron de él y de tres de sus escondites, 366 gramos de heroína/fentanilo, 109 gramos de presunta cocaína, 573 gramos de metanfetamina pura, 52 kilos de marihuana, más de 97.000 dólares en efectivo, múltiples armas de fuego y más de 1.700 cartuchos.
"Como resultado de la investigación sostenida y exhaustiva realizada por nuestros numerosos colaboradores en la aplicación de la ley, este capo de la droga pasará el resto de su vida en prisión", dijo el fiscal federal Escalona. "Es difícil imaginar el daño que esta empresa criminal ha causado a la comunidad. Las adicciones y otras consecuencias negativas para la salud, el perjuicio económico y la violencia asociada al tráfico de drogas llegarán, con suerte, a su fin tras estos procesamientos. Estamos agradecidos y orgullosos del excelente trabajo de este equipo de profesionales de las fuerzas del orden."
"Con esta condena, los días de Williamson como capo internacional de la droga han terminado, y es un golpe decisivo contra la red de narcotráfico. Se trata de un esfuerzo de equipo con nuestros colaboradores en la aplicación de la ley, y estoy orgulloso del trabajo realizado por el Grupo Especial de Calles Seguras del Norte de Alabama del FBI para llevar a los miembros de esta empresa de narcotráfico ante la justicia", declaró el SAC del FBI Johnnie Sharp.
"Gran trabajo de los investigadores. Estos delincuentes eran responsables de una gran cantidad de drogas que circulaban por el condado de Jefferson. Estas condenas son enormes en nuestra lucha contra las drogas ilegales", dijo el sheriff Mark Pettway.
"En primer lugar, me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos los organismos que han participado en la investigación y en la condena final de los implicados en esta importante empresa criminal de distribución de drogas. Este es un ejemplo de lo que se puede conseguir cuando los organismos trabajan juntos. Es nuestra esperanza que estas condenas envíen un fuerte mensaje a otros que están cometiendo o pensando en cometer delitos similares en Bessemer y sus alrededores. El Departamento de Policía de Bessemer mantendrá su compromiso de trabajar con nuestros socios federales, estatales y locales en la aplicación de la ley para detener y condenar a otros traficantes de drogas que intenten operar en la ciudad de Bessemer y sus alrededores", dijo el Jefe de Policía de Bessemer, Michael Roper.
Se obtuvo el decomiso de dos de los vehículos de alta gama de Williamson: un Ford F-250 King's Ranch de 46.000 dólares y un Cadillac Escalade de 37.000 dólares; más de 100.000 dólares en efectivo; 45.000 dólares en joyas; y todas las armas de fuego y municiones utilizadas para facilitar la empresa de tráfico de drogas. Además, los Estados Unidos probaron 36.615.000 dólares en ganancias brutas contra Williamson, y 4.000.700 dólares en ganancias brutas contra Gregory.
Esta investigación forma parte de los Grupos Operativos de Lucha contra la Droga y el Crimen Organizado (OCDETF). El OCDETF es un componente independiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Creado en 1982, el OCDETF es la pieza central de la estrategia del Fiscal General para combatir la delincuencia organizada transnacional y reducir la disponibilidad de estupefacientes ilícitos en el país mediante un enfoque de aplicación de la ley dirigido por los fiscales y en el que participan varios organismos. La OCDETF aprovecha los recursos y la experiencia de sus socios en investigaciones concentradas, coordinadas y a largo plazo de la delincuencia organizada transnacional, el blanqueo de dinero y las principales redes de tráfico de drogas.